“Es una PEC (enmienda constitucional) de salvación nacional, un pacto de la sociedad brasileña contra el hambre”, defendió el senador Marcelo Castro, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, coautor del proyecto, durante el debate.
Su colega Marcos Rogerio, del Partido Liberal del presidente saliente Jair Bolsonaro, aseguró que el texto representa un “cheque en blanco” para el Gobierno de transición.
“El país corre un serio riesgo de volver al escenario de 2015 y las conocidas ‘pedaladas’ fiscales”, afirmó, en referencia al maquillaje de cuentas públicas por el que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), delfín de Lula.
El proyecto seguirá para análisis de la Cámara de Diputados, que se prevé comience a tratarlo la semana próxima, informó la agencia de noticias. Allí necesitará el apoyo de 308 legisladores para que pueda ser promulgado antes de Navidad.
Con un apoyo mayor a los 49 votos necesarios, la PEC permitirá mantener una asistencia de 600 reales (114 dólares) y otros 150 reales adicionales por niños menores de seis años para las familias más necesitadas. También prevé fondos para farmacias populares, meriendas escolares y aumento de salario mínimo.
Estas erogaciones están contempladas en el programa Auxilio Brasil, que volverá a llamarse Bolsa Familia, nombre que tuvo durante los primeros dos Gobiernos (2003-2010) de Lula.
El hambre afecta a 33,1 millones de los 215 millones de brasileños, según la Red Brasileña de Investigación de Soberanía y Seguridad Alimentaria.
El texto, que representaba el primer desafío de Lula para lograr gobernabilidad cuando asuma la presidencia el 1 de enero, fue objeto de duras negociaciones en el fragmentado Congreso.
El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y los partidos que integraron la coalición que salió victoriosa en octubre desplegaron toda su maquinaria política para trabajar en el Legislativo en favor de la aprobación de esta PEC, una norma que por alterar la Constitución requiere de una mayoría especial de 3/5 de los miembros del Senado y 3/5 de los integrantes de Diputados.
El Gobierno de transición inicialmente pedía hasta 198.000 millones de reales fuera del techo de gasto y por un plazo de cuatro años. Los mercados siguieron con nerviosismo los debates ante los temores de un aumento desmedido del gasto público durante el gobierno de Lula.
