Al menos 37 personas fallecieron en la denominada masacre de Senkata, cometida en 2019 en El Alto, cuando fuerzas militares reprimieron a manifestantes que protestaban contra Áñez cerca de una planta de almacenaje de combustibles.

El Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, en el departamento de La Paz, concluyó que Áñez no puede tener privilegios, porque no asumió la Presidencia de Bolivia en 2019 por las vías legales.

No obstante, la decisión final está en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque el caso está en etapa de apelación de la defensa.

Se trata de “una decisión arbitraria y que no está coincidiendo con la Constitución Política del Estado, nuestro Código Penal y las leyes vigentes”, sostuvo el abogado Guillén en declaraciones a periodistas locales.

“Vale decir que a través de esta forma han encontrado un vacío legal para llevar a una expresidenta a un juicio ordinario”, agregó, según la agencia de noticias Sputnik.

El abogado afirmó que “la resolución que se emitió no tiene una fundamentación en cuanto a la facultad del juez de reconocer que la expresidenta haya sino o no mandataria del Estado”

“Tampoco resuelve si correspondería o no un juicio de responsabilidades, sino que en efecto lo disponen directamente de forma arbitraria”, añadió.

Áñez asumió la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en medio de una crisis política, dos días después de que el presidente Evo Morales renunciara como consecuencia de un golpe de estado cuando fue presionado por policías, militares y organizaciones cívicas.

En junio de 2022, la justicia emitió una sentencia por el denominado caso Golpe de Estado, condenando a Añez a 10 años de cárcel, que actualmente cumple en la cárcel femenina de Miraflores en La Paz.

En el segundo juicio, iniciado en diciembre del año pasado y promovido por el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, la expresidenta de facto sería procesada solo por las muertes registradas durante su gestión.