La propuesta implica recortar en dos años el mandato en curso, iniciado en 2021 por el depuesto Castillo, y buscaba aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato después de otro día -ayer- de manifestaciones multiplicadas.
Pero el anuncio no calmó los ánimos y las protestas crecieron en número e intensidad: grupos de ciudadanos incendiaron la comisaría de Huancabamba, una localidad en el departamento Apurímac, donde ayer murió la primera persona en el contexto de estas manifestaciones.
Asimismo, tomaron el aeropuerto de Arequipa y saquearon un mercado en la misma ciudad -la segunda más importante de Perú-; cortaron al menos unas 30 rutas en todo el país; y marcharon por no menos de 10 ciudades. Además, a los dos muertos que se registraron el fin de semana se sumaron otras dos víctimas
También en Arequipa fue tomada una planta de la empresa láctea Gloria, donde unas 3.000 personas produjeron algunos saqueos, prendieron fuego una camioneta y provocaron otros destrozos, según el diario Trome.
Mientras, estudiantes ocuparon la universidad de Cajamarca e intentaron hacer lo mismo en las casas de estudios de Jaén y Chota.
En todos los casos se repetía el reclamo de elecciones en 2023 y cierre del Congreso, aunque en algunas de las protestas se mezclaron tibias defensas de Castillo.
Boluarte asumió el mando el miércoles tras la destitución de Castillo por parte del Congreso, dominado por las fuerzas de oposición de derecha, tras un fallido intento del entonces mandatario de suprimir en sus funciones al Poder Legislativo para gobernar por decreto, lo que fue calificado como un autogolpe de estado.
La mandataria anunció además el estado de emergencia en las zonas del país en donde se registran protestas violentas.
La radio RPP reportó dos cortes de ruta en Trujillo, cuatro en Puno, siete en Ucayali, 10 en Arequipa -la ciudad más convulsionada-, uno en Tacna, siete en Abancay y seis en Ica, mientras el transporte de pasajeros no llegaba ni salía de Cusco, la principal ciudad turística del país.
El cuadro podría agravarse si los gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas cumplen su anuncio de “paro indefinido” a partir de mañana, en este caso con el dato extra de que el colectivo reclama la “inmediata libertad” de Castillo.
De acuerdo con el Frente Agrario, Castillo “no perpetró ningún golpe de estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto.
Justamente Castillo difundió ayer en sus redes sociales una carta en la que llamó “usurpadora” a Boluarte y se consideró aún al mando del país.
“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”, subrayó.
El Congreso, en cambio, le sacó a Castillo sus fueros y el derecho al antejuicio que le correspondía por haber ostentado un alto cargo y dispuso que la formulación de la causa penal tenga lugar, un paso que ya notificó a la fiscal general, Patricia Benavides, que ahora puede continuar con sus investigaciones por rebelión, conspiración y alteración del orden público.
La titular del Ministerio Público sumó esta mañana una denuncia constitucional contra el exmandatario, por haber perpetrado un golpe de estado, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Además de Castillo, quien fuera su última jefa de Gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta, están siendo indagados por el Ministerio Público por los posibles delitos de rebelión y conspiración.
El legislativo ya decidió, además, que la mesa directiva decidirá el miércoles si incluye para esa misma jornada la discusión en el recinto del proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones.
Fortalecido por su rol de los últimos días, el parlamento convocó para esta tarde al primer ministro, Pedro Angulo, y a los encargados de las carteras de Defensa e Interior, Alberto Otárola y César Cervantes, respectivamente, a que expliquen los operativos de seguridad ante las manifestaciones.