Se trata del peor episodio de agitación laboral desde el gobierno de Margaret Thatcher, en la década de 1980. Además, en este caso, los reclamos se combinan con el retorno de una inflación de dos dígitos, que viene produciendo una sensación de malestar en Gran Bretaña, donde el nivel de vida está cayendo a su ritmo más pronunciado desde que se empezaron a registrar datos en la década de 1950.
Enfermeros, paramédicos, personal de las fuerzas fronterizas y trabajadores de correos también se declararon en huelga, enfurecidos por una inflación que alcanza máximos de 40 años y rozó el 10,7% en noviembre. Los trabajadores de otros sectores se están movilizando.
Mick Whelan, responsable del sindicato de maquinistas ASLEF, afirmó que para el Gobierno ahora resulta difícil alcanzar acuerdos salariales más elevados estando implicados tantos trabajadores de tantos sectores. “Nadie quiere resolver nada por el impacto que tendrá en otras partes”, dijo a Reuters en una estación de tren de Euston, en el norte de Londres, prácticamente desierta durante los desplazamientos matutinos.
Los pasos del gobierno
Las huelgas siguen a más de 10 años de estancamiento salarial y el trauma de la pandemia del COVID-19. En ese marco, el gobierno declaró que no puede permitirse conceder aumentos salariales equivalentes a la inflación a los trabajadores del sector público.
A la vez, el gobierno instó a los sindicatos a retomar las conversaciones y se mostró dispuesto a llevar a cabo un proceso más transparente sobre cómo se fijan las subidas salariales. Pero reiteró que tiene que equilibrar cualquier aumento con la necesidad de contener la inflación y controlar el gasto.
Además advirtió de que tiene el deber de proteger los servicios y afirmó que la nueva legislación que se presentará al Parlamento en las próximas semanas obligará a los trabajadores en huelga a prestar un servicio básico en ámbitos como los bomberos, las ambulancias y el ferrocarril.