El jefe de gabinete, Alberto Otárola, dijo ante el Congreso que “se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana”.
En medio de las protestas en varias regiones del país, Otárola se presentó ayer con sus ministros ante el Congreso para pedir el voto de confianza de investidura, requisito constitucional para seguir en funciones.
Sucesión
Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que este intentara cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
El exmandatario, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Aunque se considera de izquierda, Boluarte es vista como “traidora” por las comunidades y militantes que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan.
En tanto, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías reportó 53 tramos de carreteras con tránsito interrumpido por piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.
En la surandina región Ayacucho, miles de personas marcharon por las calles de la ciudad de Huamanga en reclamo de la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente, la tríada que representa la principal bandera política de las protestas.
Represión
La violenta represión de las fuerzas del orden dejó el lunes 14 muertos durante un intento de ocupación del aeropuerto de Juliaca y tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial. Además, una persona que pereció quemada y las autoridades investigan si se trata de un policía o un civil en esta ciudad ubicada 1.300 km al sur de Lima.
El Gobierno alegó que el firme accionar de la policía y militares que custodian la terminal aérea fue en respuesta a “una asonada” preparada por miles de manifestantes.
“Más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema”, dijo a la prensa Alberto Otárola.
La Iglesia católica, religión mayoritaria en Perú, calificó la situación en la región sur como “situación de guerra”.
“La verdad es que estamos en manos de la barbarie. El enfrentamiento entre hermanos y hermanas es mucho más doloroso, porque somos parte de una sola sociedad, una familia peruana”, dijo el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, a la radio RPP.
“La población quiere paz, quiere justicia, quiere fraternidad, quiere dejar de lado los enfrentamientos y ahí creo que todos tenemos que invocar a la calma, a la serenidad”, acotó el sacerdote jesuita, nombrado cardenal por el papa Francisco.
De su lado, el gobierno regional de Puno decretó este martes tres días de duelo por las muertes registradas en las últimas horas y pidió la renuncia de la presidenta.
Bajo este contexto Perú recibirá hoy a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que viene a indagar sobre las manifestaciones y la respuesta policial.
Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso.
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el izquierdista Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre, luego de un fallido autogolpe. En noviembre, Morales visitó Puno.