“La primera ministra no puede seguir haciendo oídos sordos a esta formidable movilización que se ha creado. Escuche este descontento que se expresa por todas partes”, la urgió ayer Laurent Berger, líder del sindicato CFDT.
El retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto de ocho años a 2027 de la exigencia de aportar 43 años al sistema –y no 42 como hasta ahora– para cobrar una jubilación completa cristalizan la oposición a la reforma.
Los sindicatos convocaron para hoy a una nueva jornada de huelga y de protestas y esperan que sea más multitudinaria que la del 19 de enero, cuando manifestaron, según el gobierno, más de un millón de personas –el doble para el sindicato CGT–.
Repudio
El rechazo al proyecto también progresa en la opinión pública –un 72%, según un sondeo reciente de Elabe–, pese al esfuerzo del Gobierno de presentarlo como necesario para evitar un futuro déficit en la caja previsional.
Para los observadores, el Gobierno perdió “la batalla de la opinión pública” y ahora debe centrarse en la parlamentaria. El rechazo de algunos diputados oficialistas y del partido opositor de derecha Los Republicanos (LR) –favorables a una reforma y cuyo apoyo es clave– siembra de dudas su adopción.
La Asamblea inició este lunes el examen en comisión del texto, que llegará a pleno el 6 de febrero antes de enviarse al Senado. Ambas cámaras tienen hasta el 26 de marzo para pronunciarse. Si no lo logran, el Gobierno podrá aplicarlo por decreto.
La edad de jubilación en la segunda economía de la Unión Europea (UE) es una de las más bajas de Europa y, de salir adelante la reforma, Francia se acercaría a los 65 años de España o los 67 de Dinamarca.