“No se trata de un problema del siglo XIX, sino que es un problema actual”, advirtió el secretario de Trabajo, Marty Walsh, en un comunicado.
Walsh anunció nuevas medidas como la creación de un grupo de trabajo interinstitucional, más inspecciones en los lugares de trabajo, o el aumento de las multas a las empresas que empleen ilegalmente a menores en cadenas de producción y trabajos peligrosos.
En el último año fiscal se investigaron 835 empresas, que empleaban ilegalmente a 3.800 menores.
Es una “tendencia alarmante”, dijo este lunes a los medios una funcionaria de la administración del presidente Joe Biden.
Las multas máximas de u$s15.138 dólares por cada menor en un trabajo ilegal “no son suficientemente altas para disuadir a las grandes empresas”, reconoció Walsh, cuya cartera trabaja con el Congreso para aumentarlas.
El pasado 17 de febrero se anunció la resolución de uno de los mayores casos de trabajo infantil en la historia reciente del país contra la empresa Packers Sanitation Services.
Esa compañía empleó -en ocho estados- a más de 100 menores en la cadena de procesamiento de carne donde estaban expuestos a químicos tóxicos usados para la limpieza de los equipos, por lo que fue condenada a pagar una multa de 1,5 millones de dólares.
En el país hay 600 investigaciones en curso por trabajo ilegal de menores de edad.
La legislación estadounidense permite el trabajo a partir de los 14 años, pero con limitación de horas para los menores de 16 y en trabajos no peligrosos para la salud.
Los menores latinoamericanos son los más afectados
El problema se ha agravado con la llegada al país de menores latinoamericanos no acompañados que huyen de la pobreza y la violencia, la mayoría no tienen ningún familiar en Estados Unidos, según el departamento de Trabajo.
Otros recalan en casas de familiares, a menudo en dificultades económicas, o patrocinadores que se hacen cargo de ellos, obligándolos a trabajar para aportar a la economía familiar.
En cadenas de producción extenuantes, hoteles, vaquerías o en la agricultura, The New York Times denunció este fin de semana las condiciones laborales de muchos menores inmigrantes, mayoritariamente centroamericanos.
En el último año llegaron 130.000 menores no acompañados al país, el triple que hace tres años, asegura el diario.
Pese a que el gobierno federal sabe de su existencia, y que las instituciones deben apoyarlos y protegerlos del tráfico y la explotación, estas han perdido el rastro de más de 86.000 menores, según el medio.
“Cada niño en este país, independientemente de su circunstancia, merece protección y cuidado como esperaríamos para nuestro propio hijo”, dijo el secretario de Salud, Xavier Becerra, en el comunicado.
El departamento de Trabajo se queja de que con “demasiada frecuencia, las empresas miran hacia otro lado y afirman que su agencia de colocación, o los subcontratistas o proveedores, son los responsables. Aquí todos tenemos una responsabilidad”, zanjó.
La administración de Joe Biden trabaja con el Congreso para dotar con más fondos -y personal- a los programas de inspección en las empresas así como de acompañamiento para los menores solos y a sus patrocinadores o familias de acogida.