El gobierno deberá presentar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo toda la documentación técnica respecto al proceso de potabilización del agua.
Las autoridades de Presidencia del Uruguay, el Ministerio de Ambiente y la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) deberán presentarse ante la justicia este lunes por una citación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), a raíz de un recurso de amparo por el aumento en la salinidad del agua potable de las últimas semanas.
Esta mañana, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, había pidió casi en paralelo al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) que emita una alerta a la población, dado que la capital del país dejará de tener agua “en condiciones de potabilidad” en un lapso de alrededor de 30 días, advirtió la jerarca.
“El Estado está suministrando agua cuyo insumo es el agua salada y altamente contaminada del estuario del Río de la Plata”, marca la acción de amparo presentada por dependencias estatales, por la que las autoridades de gobierno deberán presentarse ante el TCA el lunes a las 13, frente al juez Pablo Gandini, para brindar explicaciones.
Y sigue: “Ello obliga a que en el proceso de potabilización se incrementen las sustancias químicas perjudiciales para la salud humana, lo que configura una situación de vulneración de los derechos humanos e inminencia de riesgo para la vida de los consumidores”.
Por ello, el gobierno deberá presentar ante la justicia toda la documentación técnica respecto al proceso de potabilización del agua que se extrae del estuario del Río de la Plata. Los documentos serán sometidos al “peritaje de médicos del Instituto Técnico Forense”, a efectos “de que determine la incidencia de las sustancias químicas y sus cantidades en la salud humana”.
De acuerdo a los denunciantes, el aumento de los niveles de salinidad en el agua, implementados para hacer durar las reservas que escasean producto de la sequía, se trata de una actuación “ilegal” y “lesiva de los derechos de la vida” y la “salud”.
En efecto, el recurso de amparo también exige la suspensión de la toma de agua del estuario del Río de la Plata y que “se le imponga a OSE una solución alternativa compatible con la calidad del agua que debe suministrar a la población”.