Los bancos del Estado resolvieron adelantar el aporte patronal a la Caja Bancaria para que la institución pueda cumplir con sus obligaciones y pagar las jubilaciones durante lo que queda del año, en medio de versiones que indicaban que se quedaría sin dinero en los próximos meses.

Mientras tanto, desde la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) anunciaron “paros sorpresivos”, además del “corte irrestricto de horas extras, guardias y cambios de horario”. Así prolongaron el estado de conflicto que declararon el pasado 5 de junio, en plena escalada de tensión entre sindicatos y empresarios.

La AEBU manifestó por medio de un comunicado que los bancos oficiales aprobaron “adelantar el aporte patronal a la Caja Bancaria, asegurando que esta pueda pagar jubilaciones hasta finales de 2023”.

Por su parte, los bancos privados rechazaron prestar dinero como adelanto de aportes patronales y aguardan por la aprobación de la ley de salvataje para la Caja Bancaria, según informó Subrayado. Es que los bancos abonan un aporte patronal bastante superior a los de Industria, Comercio y Civil, por lo que exigen medidas que apunten a una sostenibilidad del sistema previsional bancario.

La AEBU sigue en conflicto y adelantó medidas de fuerza

En pleno conflicto por la situación crítica de la Caja Bancaria, desde AEBU profundizarán las medidas de fuerza iniciadas semanas atrás. El corte irrestricto de horas extras, guardias y cambios de horario de bancos oficiales, son algunas de las iniciativas, que seguirán siendo discutidas en asambleas en los lugares de trabajo.

Lo más sobresaliente del anuncio fue la decisión de convocar a paros sorpresivos que podrían afectar “actividades centrales del sistema financiero”, apuntaron. El sindicato consideró que las medidas previas buscaron “no afectar el pago de salarios, aguinaldos y jubilaciones a la población”.

Días atrás, el presidente del consejo central de AEBU, Elbio Monegal, había calificado a la actitud de los bancos privados como “inmoral”, al considerar que pretendían recargar todo el costo de la reforma en los trabajadores, haciendo que “renuncien a los derechos conquistados”.