Tal y como había sido anunciado, el MEF presentó el proyecto elaborado por los senadores nacionalistas Sergio Botana y Carlos Camy, y el colorado Germán Coutinho, con la participación también del ahora ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), el cabildante Raúl Lozano; empezando a cumplir una promesa que fue mencionada en varias ocasiones por el gobierno y que, de aprobarse, costará 330 millones de dólares al Estado.
La iniciativa no solo apunta a la problemática del endeudamiento familiar —una situación preocupante en el país, de la que los créditos hipotecarios son solo una arista—, sino que propone la disolución del BHU y su absorción por parte del Banco República (BROU). Debido a que se trata de la liquidación de un organismo estatal, la votación requerirá de una mayoría de dos tercios —algo que, en principio, sería complicado en tanto el Frente Amplio, necesario para alcanzar esa mayoría, no está de acuerdo con el proyecto.
El plan para los endeudados
El proyecto presentado hoy en el Parlamento plantea que los saldos pendientes de pago de deudas documentadas mediante préstamos hipotecarios o promesas de compraventa constituidas ante el BHU, cualquiera de los fideicomisos administrados por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) o en representación del Banco de Previsión Social (BPS), intendencias o ministerios quedarán extinguidos de pleno derecho a los 180 días de que la eventual ley cobre vigencia siempre que, al 31 de diciembre de este año, se cumplan una serie de condiciones.
Una de ellas es que la deuda esté nominada en Unidades Reajustables (UR). que haya sido contraída para la compra, reparación o construcción de vivienda propia y que el titular sea una persona física —criterios en los que coinciden todas las personas endeudadas con el BHU—; pero también deberá cumplirse la condición de que el préstamo en cuestión tenga una antigüedad de 40 años desde su concesión. Esto quiere decir que todos aquellos cuyo crédito hipotecario tenga, al menos, cuatro décadas, verán saldadas sus deudas con la institución. Según las estimaciones, se trata de 2.500 casos. El beneficiario tendrá, además, un plazo de un año para la escrituración definitiva del bien.
Mientras tanto, los saldos pendientes de préstamos que no cuenten con una antigüedad de 40 años desde su concesión deberán seguir pagándose, pero tendrán ciertas modificaciones. De esta forma, aquellos a los que les resten diez años para cumplir esa antigüedad contarán con una tasa de interés del 0% en UR; y en caso de que estén a más de diez años de dicho plazo, la tasa será del 2,5%.
Las tasas se mantendrán fijas durante todo el período que reste para alcanzar la antigüedad de 40 años requerida, y el objetivo es acelerar la amortización de las deudas. En caso de incumplimiento de tres o más cuotas sucesivas o alternadas en el término de un año, las bonificaciones otorgadas quedarán sin efecto.
¿Qué pasará con el BHU?
El futuro del BHU estará atado a los votos en el Parlamento pero, según el proyecto de ley elaborado por los legisladores de la coalición gobernante, la institución de 111 años será suprimida y sus funciones pasará a una nueva unidad organizativa en la órbita del BROU, bajo el nombre “Créditos Hipotecarios”.
Esta unidad asumirá todos los bienes, créditos, recursos, obligaciones y puestos de trabajo en ente que desaparecerá.
La especie de fusión implicará, por su parte y desde la entrada en vigencia de la ley, el cese de funciones de los directores del BHU. A su vez, será el Poder Ejecutivo el que aprobará, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la incorporación de los funcionarios al BROU, que mantendrán la calidad de funcionarios de la banca oficial, así como los derechos y beneficios adquiridos. A los efectos, se podrá establecer escalafones especiales en la nueva área a crearse en esa institución.