La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para los extrabajadores de la mutualista Casa de Galicia, al alcanzar una mayoría conformada por legisladores del Frente Amplio, Cabildo Abierto, el PERI y algunos miembros del Partido Nacional.
Desde el oficialismo señalaron que la norma “no es viable”, al poner el foco en que representa un desembolso de 32 millones de dólares en concepto de indemnización a más de 1.000 personas despedidas, cuando la iniciativa del gobierno preveía desembolsar 8 millones de dólares, lo que ya había generado fricciones entre los bloques.
La propuesta considera que el pago de los créditos laborales a los exfuncionarios debe financiarse con el fondo de insolvencia patronal, con un tope de 105.000 unidades indexadas, de cerca de 611.000 pesos.
A la vez, se creó una bolsa de trabajo a la que la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) y los prestadores privados de salud tendrán que acudir cuando deseen contratar personal.
La diputada del FA, Lucía Etcheverry, consideró que el proyecto “tiene instrumentos en cada artículo para que se pueda cumplir con lo que son derechos de los trabajadores, que es cobrar las indemnizaciones que les corresponden” y planteó que “lo que se siga recuperando de esta institución, va a ser reintegrado al fondo de insolvencia laboral o a rentas generales”.
Las críticas del oficialismo y la posibilidad de un veto
La legisladora María Eugenia Roselló dejó sentada la postura de la mayor parte del oficialismo al señalar que “esta norma no es viable y no se va a poder cumplir”, anticipando la posibilidad de que el presidente Luis Lacalle Pou tenga que avanzar con un veto.
Roselló calificó a la ley como “inconstitucional”, al poner el foco en que la idea original preveía un gasto de 8 millones de dólares y la actual es de 30 millones de dólares. En el mismo sentido, Pedro Jisdonian (PN) admitió que “será Presidencia quien decida”.
También Etcheverry opinó sobre el eventual veto. “Siempre es una posibilidad del Ejecutivo”, admitió, aunque aclaró que “en este caso sería una contradicción”, al contrastar que la ley “no genera nada nuevo”, por lo que el gobierno “se vetaría a sí mismo”.
