El Ministerio del Interior pidió a la Justicia de Uruguay que las tobilleras electrónicas en casos de violencia de género se utilicen de forma racional. El pedido surge a partir del “crecimiento exponencial” de adjudicaciones en los últimos meses, según señaló el subsecretario de la cartera, Pablo Abdala.
La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas y preocupaciones en Uruguay. Dentro de la multiplicidad de delitos que se cometen, el de la violencia de género —con el femicidio como punto cúlmine de esa violencia—, preocupa particularmente.
Sobre ello se refirió el subsecretario del Interior, Pablo Abdala, aunque desde una cuestión muy puntual: las tobilleras electrónicas que se adjudican a los victimarios. “Nos preocupó el crecimiento exponencial que ha tenido el uso de las tobilleras, en los últimos meses. En el último cuatrimestre el crecimiento fue de 400 adjudicaciones”, explicó el jerarca en rueda de prensa sobre el pedido realizado a la Suprema Corte de Justicia, que derivó en una nota a los jueces.
“Estas cifras esconden un gerenciamiento de las tobilleras que no es eficiente. Son asignadas en casos de violencia de género y que sigan asignadas tiene en varios casos una justificación dudosa”, consideró Abdala y agregó que en algunos casos, incluso, el agresor se fue del país o tuvo un uso extendido por hasta dos años.
“No estamos respondiendo bien a los casos de violencia de género, por eso la nota y el pedido a la Suprema Corte de Justicia”, señaló, aclarando que el pedido no es para reducir la adjudicación de tobilleras, sino de hacerlo de manera “eficiente” para atender “a quienes realmente las necesitan”.
“Porque como son mal utilizadas, hay víctimas que las requieren y no la tienen. Esto hace que se asignen funcionarios policiales a la protección directa de la víctima, a razón de seis policías por caso, dos por turno”, detalló Abdala.
En ese sentido, el subsecretario señaló que la inversión en 2023 fue de 200 millones de pesos, y que se pasaron de 1.200 a 1.900 tobilleras.
“No hay seguimiento como corresponde para saber si se debe liberar una tobillera para otro caso que lo requiere”, dijo Abdala, sobre esto, y puso como ejemplo la existencia de más de 50 casos en los que hace más de dos años que están adjudicadas las tobilleras. Al respecto, los protocolos establecen un plazo máximo de seis meses, porque si la situación de violencia persiste más allá de este tiempo, “hay que tomar otras medidas”.
“Tenemos que mejorar la articulación entre los poderes del Estado. No se trata de echar culpas. Que los dispositivos se adjudiquen bien, en tiempo y forma”, concluyó.
¿Más o menos tobilleras?
La cuestión de las tobilleras electrónicas también se había puesto sobre la mesa durante la repercusión del femicidio de Valentina Cancela. En ese momento, el entonces ministro del Interior Luis Alberto Heber, había cuestionado a la Justicia por una razón totalmente contraria a la que se refirió Abdala: el no empleo de este tipo de herramientas pese a su disponibilidad.
Sus dichos fueron en respuesta a las críticas sobre las medidas de prevención que se podrían haber tomado, a lo que recalcó que desde la cartera son auxiliares de la Justicia. “No podemos poner la tobillera porque queramos y no podemos darle custodia si no es con actuación judicial”, detalló.
“Preferimos y entendemos que la tecnología nos tiene que ayudar, porque tener dos policías frente a una casa y a veces por mucho tiempo y tenemos que poner un móvil, no solamente ponemos a dos policías, sino que también no tenemos un móvil que pueda patrullar, producto de estar custodiando a la víctima”, dijo Heber, y añadió que “las tobilleras están sobrando en el Ministerio”.
Esto fue en agosto del año pasado cuando, según los datos proporcionados por el exministro, había 1.700 tobilleras, de las cuales 1.566 estaban activas, por lo que 134 estaban disponibles. “Para nosotros es una gran herramienta como para no distraer personal que precisamos custodiando las calles y patrullando. Eso es no poder utilizar logísticamente el personal”, aseguró.
