Desde setiembre de 2022, el Poder Ejecutivo había derogado el decreto que obstaculizaba el teletrabajo en zonas francas del Uruguay, a partir de esta semana el gobierno logró reglamentar esta medida que explica las condiciones para implementarla, como así también la condición de contar con un mínimo de empleados.

Entre las principales modificaciones, se encuentra el hecho de que, hasta el momento, los empleados de las zonas francas debían trabajar 60% presencial y 40% remoto. Con la nueva normativa, ese porcentaje puede modificarse por tres diferentes condiciones.

La primera de ellas depende de la distancia del domicilio del empleado y su lugar de trabajo, la segunda refiere a la relevancia de la inversión que decida la compañía, mientras que la tercera trata de la cantidad de personal dependiente que tenga la empresa en la zona franca.

Con esto, se permitió que los empleados puedan dividir su horarios de trabajo el 55% de modalidad presencial y el 45% de modalidad remota si la distancia del domicilio del empleado y la empresa es de, como mínimo, 200 kilómetros de distancia entre uno y otro.

Más cambios

En el régimen anterior, para poder contar con la modalidad de teletrabajo, la plantilla entera de trabajadores de la empresa interesada debía cumplir 1.000 horas mensuales en forma presencial.

Mientras que por el lado de los empleados, tampoco todos podían acceder al régimen: sino que alcanzaba solo a los dependientes que cumplían una jornada completa, con una carga horaria no menor a las 25 horas semanales.

Con la nueva reglamentación, se elimina la condición de que los empleados debían trabajar esa cantidad de horas, por lo que les permite a los trabajadores de media jornada acceder al beneficio del teletrabajo.

Las zonas francas generan más del 6% del PIB

Las zonas francas representan más del 6% del PIB, con una inversión anual de 1.617 millones de dólares que corresponde al 15% del total de la economía uruguaya, según un estudio de Ceres que utilizó datos de 2021.

El relevamiento también reflejó que el régimen que en 2023 cumplió 100 años y que incluye a 1.000 empresas, es clave para las exportaciones y abarca al 27%, mientras se espera que tenga “un crecimiento significativo” luego de la incorporación de UPM II.

Sobre el impacto de las zonas francas en el PIB, Ceres consideró que las perspectivas a futuro “son prometedoras, con potencial para maximizar su impacto económico si se mitigan barreras y amenazas”.

En cuanto a los puestos de trabajo, el régimen genera 66.303 empleos, entre el directo (20.980) y el indirecto (45.323), beneficiando a sectores como servicios administrativos, comercio, actividades profesionales, silvicultura y extracción de madera.

El informe destacó a su vez que se enfocan más en el empleo joven que el promedio de la economía, “con remuneraciones más de tres veces mayores y una mayor preferencia por personal altamente educado”.