La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) alertaron que el sector, actualmente en su mayoría paralizado, no podrá volver a la actividad y rechazaron iniciar negociaciones laborales en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

“Teniendo en cuenta que la respuesta del Poder Ejecutivo a los planteos realizados por el sector empresarial para enfrentar la crisis de la pesca no modifica la situación actual y que supone la inviabilidad económica del sector, CAPU y CIPU consideran que no están dadas las condiciones en sentido general para retomar la operatividad, más allá de las decisiones que tome cada empresa”, señala un comunicado conjunto publicado este lunes.

Las centrales empresariales agregaron que por ello no tiene sentido iniciar una negociación laboral en el MTSS, descripto como un “convenio colectivo puente” con los sindicatos.

Las cámaras pesqueras, que llevan meses presionando al gobierno de Luis Lacalle Pou para que inicie varios cambios regulatorios en la actividad, mantuvo el fuerte tono contra el Ejecutivo al responsabilizarlo de “firmar el acta de defunción de la pesca en Uruguay”, recordando que al menos el 60% de la flota está paralizada y que más de 2.000 puestos de trabajo fueron afectados.

Específicamente, CAPU y CIPU denuncian la inviabilidad de la actividad por fuera de la zafra debido a los altos costos y exigen al gobierno algunos cambios que colaboren con una baja de los costos, entre ellos modificar el decreto 233 de 2009 por el que se otorgó un cómputo jubilatorio bonificado para los trabajadores pesqueros.

También se reclama volver a un esquema de aportes por fictos –como se hizo en algún momento- y no por los salarios reales de los trabajadores. Otro punto refiere a las primas por accidentes del Banco de Seguros (BSE), que son señaladas como de las más altas del país.

Los costos de permisos de pesca de la Dinara, la transformación de las multas en apercibimientos y equiparar las condiciones de costos y operaciones en puertos y muelles son otras cuestiones puestas sobre la mesa por las cámaras pesqueras.

Por su parte, los trabajadores del sector advierten la “situación delicada” en términos de ingresos y disponibilidad de empleo, a la vez que sostienen la existencia de segundas intenciones por parte de las compañías, tales como obtener beneficios impositivos, eliminar la jubilación bonificada o, incluso, llevar la actividad a la zafralidad de manera permanente.