La Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) apeló el fallo del juez Alejandro Recarey respecto al Proyecto Arazatí, quien dispuso hace tres semanas la suspensión de las obras para la construcción de una planta potabilizadora.
La empresa estatal había adelantado que no presentaría la apelación antes de la feria judicial y que esperaría a que termine para poder comenzar con el proceso. Por su parte, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, advirtió que desde su cartera continúan avanzando “los estudios ambientales”, ante la posibilidad de que genere decenas de impactos.
De esta manera, OSE llevó a cabo la apelación ante el juez que dispuso la suspensión de las obras en construcción para la planta potabilizadora, asegurando que “hay bases como para suponer” un proceso de privatización parcial en el suministro del agua potable.
La sentencia de Recarey
A finales de junio, Recarey hizo lugar a una medida cautelar de “no innovar” y emitió una sentencia interlocutoria que ordena a OSE a no suscribir el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo.
El juez admitió una medida cautelar que fue presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Tucu-Tucu para frenar el proyecto. Desde las organizaciones señalan una posible privatización del servicio de agua corriente y una pérdida en la calidad de la misma.
En su sentencia a la que accedió Ámbito, Recarey asegura que “hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable”, en infracción al artículo 47 de la Constitución, puesto que “será el privado el que diseñe, construya y mantenga la infraestructura de toma de agua bruta del Río de la Plata, su análisis inicial, su potabilización, y finalmente su traslado a Melilla (en Montevideo)”.
Asimismo, el letrado afirma que existen “extremos indiciarios serios”, los cuales “llevan a considerar que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana de agua de menor calidad a la que podría disfrutar (proveniente de otras fuentes más limpias)”.
Por esto y otras cosas, Recarey resolvió: “Acceder a la medida de no innovar solicitada. Y, en su mérito, ordenar a OSE que no suscriba el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo. Ello hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”.