La polémica decisión del Poder Ejecutivo de autorizar la fusión de Montecable, Nuevosiglo y TCC para que puedan competir con servicios de streaming generó el rechazo de organizaciones sociales como el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) y el PIT-CNT.
A principios de este mes, la Ursec y la unidad jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) confirmaron la fusión de estas empresas que significaría la concentración del 53% del mercado de Montevideo en unas únicas manos, los convertiría, además, en el único gran actor habilitado para ofrecer servicios de cable e internet.
Esto generó el rechazo por parte de Sutel ya que aseguran que es un “atropello a la democracia y libertad de expresión” y que se encuentran analizando junto a sus asesores legales la posibilidad de llevar a cabo un recurso de renovación frente a la decisión del gobierno.
“Tenemos 10 días hábiles desde que lo firmó el presidente de la República para poder interponer el recurso. Lo que es seguro es que esto no va a quedar así, porque nuestro sindicato festeja los primeros 50 años de Antel y no los últimos”, aseguró el dirigente de Sutel, Gabriel Molina.
En tanto, el dirigente consideró que “el gobierno odia a las empresas públicas”. Mientras, un comunicado del sindicato remarcó que “más que consorcio, se trata de un monopolio que crea el actual gobierno para darles poder a estas empresas en el marco de una competencia feroz frente a Antel”.
Por su parte, la central sindical también emitió su “enfático rechazo a la creación del monopolio privado conformado por un consorcio compuesto por los cableoperadores propiedad de los canales 4, 10 y 12, cuyo único objetivo es favorecer a estas empresas en detrimento de los servicios brindados por Antel”.
El debate por los clientes
A mediados de mes, la presidenta de Antel, Annabella Suburú, aseguró que se encuentran analizando como posicionarse dentro del posible nuevo escenario de fusión de estas tres empresas.
“Lo que nosotros estamos analizando y planteando es poder venderle a esa figura de cableoperadores, que ya son clientes muchos nuestros desde hoy, servicios que ya tenemos y que son conexiones interurbanas y salida internacional”, comentó y aclaró: “La última milla será de ellos, no estamos dando ni regalando, sino queremos hacer negocio, porque si no lo hace Antel, los hace otro”.
En cuanto a la posibilidad de que esto signifique que Antel tenga cada vez menos clientes comentó que es muy posible. “Pero de eso nosotros podemos recuperar en ingresos algo de lo que algún cliente seguramente optará por ellos. Vamos a hacer todo lo posible y vamos a dar todos los mejores servicios en calidad, en precio, para que los clientes nuestros queden con nosotros. Pero también no tenemos por qué perder otro tipo de negocios. Antel tiene que competir con todas sus fuerzas”, aseguró.
Más cuestionamientos
Además de la presidenta de Antel, otros referentes del sector pusieron en duda la aprobación que aún le falta la aprobación de Presidencia. Uno de ellos fue el diputado por el Frente Amplio en Rocha, Gabriel Tinaglini.
“El acceso a la fibra óptica de Antel por parte de los cableoperadores continuaría el debilitamiento de la empresa pública con pérdidas millonarias (entre 30 y 60 millones de dólares anuales) y algunos grandes privados multiplicarían sus ganancias”, aseguró en sus redes sociales.
Por su parte, el director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, en diálogo con ladiaria, “es entendible del lado de las empresas que se junten para tratar de abaratar costos y tratar de imponerse más allá de Antel”. “Ellos hacen su movida para copar la mayor cantidad de mercado, el problema es cómo Antel reacciona, que por el momento parece ser colaborando”, agregó.
Para el jerarca, la creación de un modelo que ofrece cobertura al 90% de los hogares uruguayos “suponía que no iba a tener competidor”, pero, dado que ya se abrió, ahora la empresa de telecomunicaciones pública no tiene que “colaborar”, sino que tiene que “competir”.