Pablo Grillo fue trasladado en las últimas horas al Hospital de Rehabilitación Neurológica Manuel Rocca, donde especialistas seguirán de cerca su evolución. La noticia fue confirmada por su padre, Fabián Grillo, quien destacó que “la cirugía fue exitosa” y que ahora la expectativa está puesta en la respuesta neurológica.
El fotoperiodista de 35 años sufrió en marzo pasado una grave lesión en la cabeza tras recibir el impacto de una bomba de gas lacrimógeno disparada por Gendarmería Nacional durante una marcha de jubilados en el Congreso. Desde entonces atravesó un proceso complejo de internación y operaciones en el Hospital Ramos Mejía.
“Es un proceso lento, que demanda tiempo y constancia”, aclaró Fabián Grillo en diálogo con Radio Splendid 990. En tanto, a través de la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo, la familia agradeció el apoyo recibido y confirmó que el joven continuará su recuperación en el centro especializado.
El padre del fotógrafo recordó que su hijo fue víctima de la represión y subrayó que el acompañamiento familiar hoy tiene dos ejes fundamentales: “Cuidar a Pablo y mantener viva la exigencia de justicia, que es el rol que nos toca en este momento”.
El informe balístico determinó que el gendarme Héctor Guerrero incumplió el protocolo
El informe balístico realizado en la causa que investiga el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, ocurrido el 12 de marzo en una protesta de jubilados, determinó que el cabo de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero efectuó el disparo de manera recta, incumpliendo los protocolos de seguridad que establecen ángulos de inclinación para evitar daños.
La querella había solicitado a la jueza María Servini precisar la posición y ángulo del arma, una pistola lanza gases calibre 38.1 mm, al momento del disparo. El peritaje descartó disparos ascendentes o descendentes, concluyendo que la intención no fue disuasoria sino lesiva.
Pese a esto, Guerrero continúa en funciones, ya que el sumario interno de Gendarmería se cerró sin sanciones. Para los abogados querellantes del CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el trámite “operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”.