La drástica caída en las transferencias de coparticipación y el ajuste nacional han empujado a los municipios del Gran Buenos Aires a buscar “salvavidas” financieros mediante la recaudación local. Sin embargo, el caso de Lanús encendió las alarmas del sector productivo: el distrito encabeza el ranking de presión fiscal del Conurbano tras fijar la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) en un 6% sobre la facturación.
Esta alícuota, que supera ampliamente las estimaciones de inflación anual, generó un fuerte conflicto con el comercio local, que denuncia un impacto directo en sus costos operativos y en los precios finales.
La magnitud del aumento en Lanús queda expuesta al compararse con sus vecinos inmediatos. Mientras que Lomas de Zamora también aplicó subas para compensar la falta de fondos —llevando su tasa del 2,25% al 2,70%—, Lanús se despegó del promedio regional alcanzando el 6,0%.
Esta diferencia sustancial pone en evidencia la disparidad de criterios fiscales en la zona sur: cruzar de un partido a otro implica, para un comerciante, pagar menos de la mitad en concepto de tasas municipales por la misma actividad.
Más allá de los números, el eje del malestar vecinal y comercial radica en la falta de una contraprestación visible. La pregunta que se repite es si se justifica semejante esfuerzo tributario cuando no se perciben mejoras tangibles en áreas críticas como seguridad, limpieza urbana o mantenimiento vial.
El desbalance entre una presión fiscal récord y la calidad del servicio real pone en duda la legitimidad del cobro. En este escenario de crisis, la administración camporista enfrenta el desafío urgente de demostrar, con hechos y transparencia, que la recaudación extraordinaria vuelve efectivamente a los vecinos y no se pierde en la estructura burocrática.