La Justicia confirmó el bloqueo de la mayor parte de los trabajos para construir un nuevo salón de recepciones de u$s200 millones y sostuvo que el proyecto necesita autorización legislativa.
La Justicia de EEUU volvió a ponerle un freno a uno de los proyectos más ambiciosos de Donald Trump dentro de la Casa Blanca: la construcción de un nuevo salón para grandes recepciones y cenas de Estado, valuado en u$s200 millones. Un tribunal de apelaciones confirmó este jueves que las obras necesitan el aval del Congreso, al considerar que el presidente no puede disponer por sí solo de modificaciones permanentes sobre la residencia ejecutiva.
El fallo confirmó una sentencia emitida en abril por un juez federal, que había bloqueado la mayor parte de los trabajos hasta que el Poder Legislativo apruebe formalmente el proyecto, impulsado por la administración republicana como una de las mayores remodelaciones del complejo presidencial en décadas.
“Todo presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y de la residencia ejecutiva”, escribieron en su decisión los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia, integrantes del tribunal de apelaciones.
La resolución permanecerá suspendida durante 14 días para permitir que la Casa Blanca presente un recurso ante la Corte Suprema. Por ese motivo, las obras no deberán detenerse de inmediato.
Trump anunció el proyecto a comienzos de este año con el objetivo de construir un gran salón de recepciones y banquetes dentro del complejo presidencial. Según argumentó, la Casa Blanca no cuenta con un espacio adecuado para albergar grandes eventos oficiales y cenas de Estado.
Un proyecto de u$s200 millones
La iniciativa, valuada en unos u$s200 millones, contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 8.300 metros cuadrados, con capacidad para alrededor de 650 invitados. La cifra supera ampliamente al East Room, actualmente el mayor salón de la residencia presidencial, que puede recibir unas 200 personas.
La Casa Blanca sostuvo que el proyecto sería financiado con aportes privados, incluidos fondos del propio Trump y de otros donantes, sin recurrir a recursos de los contribuyentes. Sin embargo, organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio histórico demandaron a la administración al considerar que una modificación de semejante magnitud requiere la autorización del Congreso y el cumplimiento de distintas normas federales de protección histórica.
El caso vuelve a poner en el centro del debate hasta dónde llegan las facultades del presidente para introducir cambios permanentes en uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos. Si bien la administración de la Casa Blanca corresponde al Poder Ejecutivo, su preservación está regulada por leyes federales y supervisada por distintas agencias y por el propio Congreso.