Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se encuentra en un empate técnico en las encuestas junto con Petro en el balotaje para suceder al presidente Iván Duque a partir de agosto.
“Tengo la certeza de que mi vida está en riesgo”, dijo Hernández citado en un comunicado de su campaña, que precisó que “el político tomó la decisión de cancelar todas las apariciones públicas desde hoy hasta el 19 de junio“, el día del balotaje.
Un vocero de la policía dijo que el organismo no tiene información sobre las amenazas y que están investigando.
A su turno, Duque dijo que los candidatos tienen las garantías de seguridad gubernamentales.
“No sabemos en detalle esta referencia pero lo que sí podemos decir es que los candidatos tienen toda la protección y todas las garantías por parte del Estado colombiano para su seguridad“, precisó Duque a periodistas.
Pero más tarde en la noche Rodolfo Hernández, quien estaba haciendo campaña entre los colombianos que residen en Miami, dijo que el gobierno le garantizó su seguridad.
“El ministro (del Interior) Daniel Palacios y el Gobierno Nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter. “El sábado estaré nuevamente con todos ustedes”.
No estaba claro si Hernández aparecerá en persona en un mitin en Bogotá el sábado. Su campaña no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
En mayo, Gustavo Petro canceló eventos en una región cafetalera del centro del país luego de que su oficina en el Senado alertó sobre un complot de una banda criminal para asesinarlo.
Hernández, de 77 años, calificó a Petro y su campaña como una “banda criminal”, en medio de las disputas de parte y parte entre los dos candidatos.
Petro respondió por Twitter: “Me muestras un solo delito mío, si lo haces renuncio a mi campaña y ganas”.
El exalcalde de Bucaramanga, que acumuló una fortuna en la industria de la construcción, ganó popularidad por sus apariciones en la red TikToK y propuestas contra la corrupción.
No obstante, el político es investigado por presuntamente intervenir en una licitación en un contrato de recolección de basuras mientras era alcalde para beneficiar a una empresa por la que su hijo había cabildeado, acusaciones que rechaza.
