La exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Irene Moreira, sostuvo que “hubo una operación política” detrás del escándalo por el otorgamiento de viviendas sin sorteo a distintas personas, y que, finalmente, desencadenó con su dimisión a la titularidad de la cartera, luego del pedido de renuncia por parte del presidente Luis Lacalle Pou.
Moreira, aseguró sentirse “usada” por el gobierno nacional, y que pareciera que “le arrancaron los brazos“, según detalló en una conversación con Radio Sarandí. La exministra comentó que, desde el Poder Ejecutivo, tampoco se le brindó la posibilidad de defender su gestión al frente del MVOT.
La exministra volvió a defender el caso de la adjudicación de un apartamento a una militante de Cabildo Abierto (CA), el primero que se hizo mediático y estalló la polémica, diciendo que a esa mujer “no se le regaló la vivienda“, y que la ciudadana “cumplía con todos los requisitos”, por lo que los técnicos del MVOT “dijeron que sí”.
Si bien “no se arrepiente“, la senadora reconoció que “con el diario del lunes quizás no fue una decisión acertada“, pero que “jurídicamente estaba amparada”, ya que entiende que el titular del MVOT posee cupos reservados para entregas directas de viviendas.
A su vez, aseguró que “no hubo pérdidas de dinero para el Estado“, puesto que se trata de un alquiler con opción a compra, enmarcado en un expediente “de 80 folios” que fue revisado por los técnicos sociales del MVOT, por lo que “no fue un cheque en blanco”.
Moreira cree que su salida del MVOT es un ataque a Cabildo Abierto
La cabildante afirmó que con su salida del ministerio se le buscó “pegar por elevación” a su esposo, el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, y por extensión a todo el partido. Asimismo, deslizó que Lacalle Pou no actuó con la misma celeridad frente a casos “más graves”.
“Hay una vara muy diferente para marcar un accionar que estaba enmarcado en un marco legal”, explicó la exministra, y cuestionó: “¿Por qué molesta tanto Moreira?“, sembrando sospechas sobre una decisión arbitraria por parte del presidente de la República.
La operación política fue “planificada y ejecutada“, porque “CA busca las verdaderas soluciones para la gente”, y “la gente lo ve así”, remarcó. “No hay necesidad de hablar del puerto, hay muchos casos. El caso de Adrián Peña puede ser uno, pero no es el único”, dijo desafiante.
