Brasilia – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó ayer que le resulta “difícil” creer que la prospección de petróleo en la cuenca amazónica pueda causar daños medioambientales a la selva tropical de la región, la mayor del mundo. El tema ha abierto una agria disputa dentro de su alianza de Gobierno y lo obliga a reforzar sus garantías de cuidado medioambiental ante un mundo receloso tras la experiencia de Jair Bolsonaro.

La agencia brasileña de protección del medio ambiente (Ibama) bloqueó la semana pasada una solicitud de Petrobras para perforar en la desembocadura del río Amazonas, cerca de Amapá, en una esperada decisión que se consideraba un caso testigo sobre si el gigante petrolero controlado por el Estado podrá explorar la región, rica en petróleo y sensible desde el punto de vista medioambiental.

Los comentarios de Lula, realizados al margen de una cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Japón, dejaron entrever la división que existe en el oficialismo entre quienes quieren dar prioridad a la protección del medio ambiente y quienes quieren utilizar a Petrobras para impulsar el crecimiento que tanto necesita la mayor economía de América Latina.

“Si la exploración de petróleo supone un problema para la Amazonia, desde luego que no se explorará, pero veo que eso es difícil porque está a 530 kilómetros de la Amazonia. Pero solo podré decirlo cuando llegue allí”, dijo Lula da Silva a los periodistas en la ciudad japonesa de Hiroshima.

Petrobras ha dicho que apelará la decisión del Ibama esta semana, y que ha “cumplido estrictamente todos los requisitos del proceso de concesión de licencias”.

Brasil alberga alrededor del 60% de la Amazonia, cuya selva tropical es vital para frenar el impacto del cambio climático debido a la gran cantidad de gases de efecto invernadero que absorbe.

La decisión del Ibama, conocida el último jueves, abrió una importante grieta en la coalición de Gobierno.

Ese organismo es supervisado por la ministra de Medio Ambiente de Lula, la mundialmente reconocida ecologista Marina Silva, aliada clave de Lula da Silva.

Sin embargo, el senador Randolfe Rodrigues, que representa al estado de Amapá, afirmó que el Ibama había tomado una decisión con importantes repercusiones económicas sin tener en cuenta las opiniones de la población de ese estado ni del Gobierno estadual.

“Lucharemos contra esta decisión”, escribió Rodrigues en Twitter, añadiendo que “la gente de Amapá quiere tener derecho a ser escuchada”. Posteriormente anunció que abandonaba su partido, la Red de Sostenibilidad, de centroizquierda, en vista de la decisión.

La Red de Sostenibilidad fue fundada a principios de la década de 2010 por Marina Silva, quien nombró al jefe de Ibama, Rodrigo Agostinho.

Agostinho dijo a GloboNews TV que Petrobras podría presentar una nueva solicitud para perforar en la región, pero señaló que los estudios presentados hasta ahora no eran suficientes para que la medida fuera aprobada.

Compromiso

Lula, oriundo del noreste del país, ha apostado su reputación internacional a revertir el debilitamiento de las protecciones medioambientales impulsado por su predecesor, el ultraderechista Bolsonaro, pero también está presionado para apoyar el crecimiento de las regiones pobres del norte y el noreste, para lo cual quiere que la empresa estatal Petrobras sea un motor.

Ante la polémica en torno al proyecto en Amapá, el jefe de Estado pretende dar seguridades sobre su compromiso ambiental. Por eso planea comprometer a Brasil con un objetivo más ambicioso de lucha contra el cambio climático este año, anticipó la agencia Reuters.

En 2021, en medio de una creciente indignación mundial por la gestión poco exigente sobre la protección de la selva amazónica, el Gobierno de Bolsonaro se comprometió a reducir las emisiones de efecto invernadero en un 50% para 2030, frente a un compromiso anterior del 43%. Pero su administración utilizó una línea de base más alta, de 2005, una medida que hizo más fácil para Brasil alcanzar su objetivo en comparación con la promesa anterior y que fue ampliamente criticada por los ecologistas.

El grupo de presión brasileño Observatorio del Clima calculó que el objetivo de Bolsonaro permitiría la emisión de 400 millones de toneladas adicionales de gases de efecto invernadero, en comparación con el objetivo anterior. Para hacer frente a estos problemas, el gobierno izquierdista de Lula tiene la intención de mantener la reducción del 50%, pero corregir la línea de base, dijeron dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

El objetivo es emitir el objetivo revisado, conocido como “contribución determinada a nivel nacional” en virtud del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático, a finales de este año. Tras el cambio, el objetivo será “más ambicioso”, dijo una de las fuentes.

El Gobierno está explorando formas de simplificar el objetivo, incluida la publicación del número exacto de gigatoneladas de gases de efecto invernadero que el país tratará de reducir, añadió la fuente.

Lula asumió el cargo el 1 de enero con la promesa de volver a situar a Brasil como líder mundial en materia de cambio climático. Bolsonaro había nombrado a escépticos del clima en puestos clave y durante su gobierno aumentaron de los niveles de deforestación de la Amazonia, la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil.