Teherán – Un proyecto de ley sobre el uso del velo en Irán suscita un vivo debate en el seno del poder, donde los conservadores se movilizan contra la negativa de un número creciente de mujeres a cubrirse la cabeza.

Desde la Revolución Islámica de 1979, la ley iraní impone a todas las mujeres el uso de un hiyab que cubre la cabeza y el cuello en los lugares públicos.

Sin embargo, cada vez más mujeres iraníes salen a la calle sin él, una tendencia que se acentuó con el movimiento de protesta desencadenado por la muerte de Mahsa Amini, una joven arrestada por infracción del estricto código de vestimenta.

Los conservadores defienden apasionadamente la obligación del velo y consideran que su desaparición iniciaría un proceso que modificaría en profundidad las “normas sociales”.

En este contexto, el poder judicial y el gobierno propusieron en mayo un proyecto de ley denominado “Apoyo a la cultura del hiyab y la castidad” para “proteger la sociedad” y “fortalecer la vida familiar”.

Este texto sugiere reforzar las sanciones, en particular financieras, contra “cualquier mujer que retire su velo en lugares públicos o en internet”.

“Este proyecto de ley propone tipificar como delito el no uso del hiyab, al igual que una infracción de tráfico, pero con multas más severas”, explica a la el sociólogo Abbas Abdi. No obstante, desde la muerte de Mahsa Amini, la sociedad “no acepta que se encarcele a una mujer porque no lleva el velo”, estima.

En los últimos meses, las autoridades tomaron una serie de iniciativas, que van desde el cierre de comercios, en particular restaurantes, hasta la instalación de cámaras en las calles para perseguir a las mujeres que desafían la prohibición.

En los últimos días, al menos tres funcionarios fueron destituidos o detenidos por haber autorizado el acceso de mujeres sin velo a sitios históricos.

El proyecto de ley, que se publicó en los medios de comunicación proclives al gobierno, prevé que las infractoras reciban primero un mensaje de advertencia de la policía.

En caso de reincidencia, se enfrentan a una multa de 500.000 a 6 millones de tomanes (unos 11 a 129 dólares), una suma importante para muchos iraníes. A esto se añade la privación de los derechos sociales y la confiscación del coche durante diez días para las mujeres que conducen.