Ciudad de México – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, admitió ayer que un grupo de militares podría ser responsable de ejecutar a cinco civiles en Tamaulipas (noreste), un hecho ocurrido hace tres semanas y que quedó grabado en cámaras de videovigilancia.
Un video difundido el martes por el periódico español El País y la cadena estadounidense Univisión grabado en la ciudad fronteriza Nuevo Laredo, en el norte del país, muestra a varios soldados sacando a cinco civiles de un vehículo y colocándolos junto a un muro.
Después, los uniformados abren fuego en otras direcciones, al parecer repeliendo un ataque, pero uno de ellos que se encuentra junto a los detenidos dispara contra ellos. Más tarde, se los ve alterando la escena del crimen.
“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir”, dijo el mandatario izquierdista, durante cuyo gobierno los militares han acumulado poder al haberse ampliado sus funciones a distintos ámbitos. Los uniformados involucrados ya “están bajo resguardo”, añadió López Obrador en su conferencia de prensa diaria.
“No hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de derechos humanos”, sostuvo, al recordar que la Secretaría de la Defensa ya inició una investigación “por el presunto delito de ejecución extrajudicial”.
El hecho se produjo el 18 de mayo en la ciudad de Nuevo Laredo, limítrofe con Estados Unidos, según el diario español El País y la cadena estadounidense Univisión, que revelaron la grabación de una cámara de seguridad.
La noche del martes se informó que la Fiscalía General ya inició una pesquisa en coordinación con la secretaría de la Defensa, máximo mando del Ejército.
La fiscalía militar abrió también una propia y ha asegurado que no se tolerará “impunidad en el desempeño del personal ni se solapará ninguna conducta contraria al Estado de derecho”.
En episodios anteriores que involucran a militares con presuntas violaciones de derechos humanos, López Obrador ha enfatizado que se trata de casos aislados y que a diferencia de gobiernos pasados, el suyo no masacra a civiles ni los desaparece.
El incidente ocurrió en la misma ciudad donde en febrero pasado militares balearon un vehículo en el que viajaban siete jóvenes, que al parecer salían de una fiesta, matando a cinco de ellos. Cuatro soldados están siendo procesados por ese caso.
Organismos de defensa de los derechos humanos han denunciado en el pasado otras ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por parte de militares. Además, varios de ellos han sido deteni-
dos por su supuesta implicación en la sonada desaparición de 4
3 estudiantes en el sur del país en 2014.
