La situación de endeudamiento de las familias en Uruguay, sobre todo en lo que respecta a la toma de créditos hipotecarios y para consumo —y la imposibilidad consiguiente de pagar los compromisos asumidos— es una preocupación en diferentes sectores de la sociedad y de la política, por las altas cifras que se alcanzan en la actualidad: 9.700 millones de dólares.
Hace unos días, el gobierno anunció la mayor inversión en el país por 4.000 millones de dólares. Un monto que parece exorbitante y que permitirá continuar con el desarrollo productivo nacional, sobre todo en el ámbito de las energías renovables y el hidrógeno verde. Sin embargo, esta cifra es menos de la mitad del total del endeudamiento familiar.
Según los datos de la consultora Exante, la deuda de las familias uruguayas asciende a 9.700 millones de dólares, de los cuales 3.400 millones corresponden al crédito hipotecario, mientras que los 6.300 millones de dólares restantes son por préstamos al consumo. Así lo explicó la gerente de la institución, Alicia Corcoll, a Ámbito.com.
“En 2022 y comienzos de 2023 ese endeudamiento crecía a razón de un 6% anual en términos reales, pero venía de varios años con crecimiento moderado”, explicó. A pesar de estos números —más alarmantes si se comparan con las cifras que celebran las autoridades cuando se trata de inversiones—, para la especialista “no estamos ante niveles de endeudamiento altos” si se observa la penetración del crédito a las familias en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) del país. De hecho, “luce bajo en comparación internacional”.
A pesar de esto, en el presente hay más de 20.000 familias que reclaman respuestas por parte del Banco Hipotecario (BHU) y del gobierno respecto de las elevadas tasas de interés que quedaron fijadas para sus créditos hipotecarios en Unidades Reajustables (UR); y 690.000 personas tiene deudas “problemáticas” según el informe de la Comisión Técnica Administrativa de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU).
En paralelo, “en la central de riesgos del Banco Central hay más de 600.000 deudores personas físicas con atrasos significativos (asignados con la peor calificación de riesgo), que se originaron en los últimos 15 años”.
“Es un hecho que tenemos muchas personas con incumplimientos crediticios y que probablemente muchos de esos incumplimientos se arrastran desde mucho tiempo atrás”, consideró la gerente de Exante.
¿Cómo solucionar el problema de la pequeña deuda?
Para Joaquín Capdevielle, contador de A&M Consulting, es necesario atacar el problema de raíz con un paquete que involucre varias áreas. Así, propone incluir educación financiera a nivel de educación secundaria; facilitar acceso al crédito por parte de MiPymes que les permitan ofrecer mejores salarios —y así reducir la necesidad de tomar deuda para financiar el consumo—; y bajar la carga impositiva y regulatoria.
Por su parte, Corcoll propone comenzar a construir respuestas desde ciertas consideraciones: en primer lugar, que el crédito es necesario para un buen funcionamiento de la economía —por que las alternativas de solución no pueden incluir una visión negativa del mismo, algo que, a su entender, sucede con el proyecto de ley de Cabildo Abierto —; y, en segundo lugar, “que el problema fundamental que enfrentan las personas con deudas impagas de un modo estructural está en la vulnerabilidad que tienen esas personas, porque no acceden al mercado de trabajo en condiciones razonables”.
“Esas personas enfrentan permanentemente dificultades económicas y cuando enfrentan carencias extremas toman crédito; y cuando sus ingresos se ven disminuidos, no pueden seguir pagándolos. Si se busca que personas en esa situación de fragilidad no se vean en la necesidad de tomar créditos pequeños (con altos costos de generación y administración y altas tasas de interés), la solución viene por fortalecer los apoyos que esas personas reciben desde el Estado”, consideró Corcoll.
