La ley de financiamiento de partidos políticos sigue sin avanzar y por eso los diputados involucrados en la comisión especial que discute el proyecto llegaron a un acuerdo el día de hoy, a solo 11 días de que venza el plazo de actuación.
Si bien todavía falta el apoyo del Partido Nacional y el de Cabildo Abierto, lo que deja una incógnita sobre lo que podría llegar a pasar en la votación, el resto de las fuerzas acordó varios punto y, según trascendió, el FA cedió en su postura y las personas jurídicas podrán aportar a los partidos.
“Hemos acordado y estamos dispuestos ceder y a permitir que las personas jurídicas puedan aportar bajo determinadas limitaciones”, comentó el diputado Carlos Varela en declaraciones a Radio Uruguay, aunque postuló que deben existir “límites precisos”.
La incidencia del caso Marset en la decisión del Frente Amplio
La discusión sobre la nueva ley se da en un contexto comprometedor para el gobierno que se encuentra inmerso en una crisis política provocada por audios presentados por la excanciller, Carolina Ache, que provocó la renuncia de cuatro jerarcas del Ejecutivo. Luego de las renuncias, el Frente Amplio se reunió el día domingo donde estipularon posibles escenarios para manifestarse, entre los que se encuentran marchas contra la corrupción o la mención de la importancia d el democracia en el acto del 27 de noviembre.
Por su parte, también hablaron sobre la nueva ley y establecieron como de suma importancia pisar el acelerador en cuanto a la discusión de la ley de financiamiento de los partidos políticos. “No podemos permitir que el narcotráfico se meta en la política”, remarcó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. En ese sentido, aseguraron que estarían dispuestos a flexibilizar sus exigencias respecto a la participación de empresas (personas jurídicas), aunque todavía genera discusión dentro del propio partido.
Diferencia de opiniones
El trabajo conjunto en la comisión había logrado acordar 12 artículos, pero se estancó cuando el Frente Amplio se opuso a que las personas jurídicas puedan donar a las campañas electorales, ya que los colorados consideraban que eso es parte “medular” de la propuesta que realizaron —y es una idea con la que el oficialismo en general está de acuerdo—, e insisten en que estas figuras, bajo ciertas condiciones, puedan ser aportantes.
Un argumento a favor de esto es que no tendría sentido que una empresa no pueda aportar, mientras que en paralelo un empresario, a título personal, sí pueda hacerlo con el dinero de la compañía.
Otra de las diferencias, aún sin resolver, es qué organismo debería controlar la distribución de publicidad gratuita que los partidos recibirán a través de los diferentes medios de comunicación.
