La Corte Suprema de Estados Unidos decidió en las últimas volver a poner en vigencia una prohibición casi total del aborto en el estado de Idaho, en el noroeste del país, mientras atiende un recurso contra esa Ley presentado por el Gobierno del presidente Joe Biden.

El máximo tribunal, con mayoría de jueces conservadores, revocó en junio de 2022 la sentencia Roe vs. Wade de 1973, que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto en el país, con lo que dejó en manos de cada estado la potestad de autorizarlo o no.

En ese marco, Idaho, gobernado por el Partido Republicano, aprobó una de las leyes antiaborto más estrictas del país. Sólo lo admite si la embarazada corre un riesgo inminente de muerte.

El Gobierno estadounidense demandó a ese estado argumentando que su normativa choca con una Ley federal que exige a los hospitales que reciben financiación pública que presten atención médica de urgencia, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, en situaciones graves pero no necesariamente mortales.

“Nada protege a un médico de ser detenido o procesado penalmente en virtud de la Ley de Idaho, y un médico que practique un aborto en Idaho sólo puede evitar la responsabilidad penal estableciendo que ‘el aborto era necesario para evitar la muerte de la mujer embarazada'”, dijo el departamento de Justicia.

“Más allá de la atención necesaria para evitar la muerte, la ley no ofrece defensa alguna cuando está en juego la salud de la paciente embarazada”, añadió.

La apelación permitió en agosto de 2022 frenar la vigencia de la normativa estatal, pero ahora la Corte Suprema la restableció mientras estudia la cuestión de fondo y programó para abril los alegatos orales para analizar el caso.

Recientemente, una mujer de Texas, otro estado dominado por conservadores, debió abandonar el territorio para someterse a un aborto de urgencia tras impedírsele interrumpir un embarazo potencialmente mortal, consignó la agencia de noticias AFP.

Los médicos de Texas declarados culpables de practicar abortos se exponen a penas de hasta 99 años de prisión, multas de hasta 100.000 dólares y la revocación de su licencia médica.

Según la “Ley de Defensa de la Vida” de Idaho, quien practique un aborto puede ser condenado a cinco años de prisión.

Biden reaccionó con críticas a la decisión del máximo tribunal del país: “La vicepresidenta (Kamala Harris) y yo creemos que las decisiones sobre atención médica deben ser tomadas por las mujeres y sus médicos, no por los políticos”.

El mandatario lamentó que la anulación del histórico fallo Roe vs. Wade “ha permitido a los funcionarios electos republicanos implementar peligrosas prohibiciones del aborto que continúan poniendo en peligro la salud de las mujeres, obligándolas a viajar fuera del estado para recibir atención médica y dificultando que los médicos brinden atención, incluso en una emergencia”.

Biden señaló que estas prohibiciones afectan también a los médicos al interferir con su capacidad de atender a sus pacientes, lo que los lleva en ocasiones a tener que abandonar Idaho y otros estados en los que la prohibición del aborto está vigente.

“Esto nunca debería suceder en Estados Unidos”, sentenció el demócrata, según un comunicado de la Casa Blanca citado por la agencia de noticias Europa Press.

El mandatario aseguró que su Ejecutivo continuará “defendiendo la capacidad de la mujer de acceder a atención de emergencia según la ley federal”.

Además, hizo un llamamiento al Congreso para que a través de una ley restablezca “inmediatamente” las protecciones que otorgaba el fallo Roe vs. Wade “para que las mujeres en todos los estados puedan acceder a la atención médica que necesitan”.