La Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei) se expresó en contra del proyecto de ley de operadores inmobiliarios que busca regular el sector, y reclamó que sus planteos, que representan a unos 700 trabajadores independientes, no fueron tomados en cuenta por los legisladores que redactaron la iniciativa. Además de denunciar que el proyecto tiene aspectos inconstitucionales, señalaron que el texto “ignora una parte importante del mercado”.
La gremial afirmó que “es muy importante que el Parlamento regule esta actividad”, pero a su vez cuestionó que los legisladores hayan desconocido en la redacción final del proyecto de ley los aportes realizados. En ese sentido, afirmaron que su posible aprobación puede poner en riesgo la fuente de trabajo de 700 personas de manera directa, a lo que deben sumarse un número similar de afectados indirectos.
La Cumei señaló, además, que la ley a estudio del Parlamento incluye aspectos inconstitucionales, de acuerdo a un dictamen del catedrático Martín Risso.
“Vemos con gran preocupación que nuestros argumentos y aportes no han sido considerados, y que algunos sectores parecen empeñados en un régimen corporativo que limita para el futuro el ingreso a la misma de los que hoy integran ciertas asociaciones que nuclean a un grupo de inmobiliarias ya establecidas”, resumió en una declaración la Cámara.
Un proyecto que no tiene en cuenta la modalidad del sector
“El proyecto ignora la realidad de una parte importantísima del mercado inmobiliario uruguayo”, dijo a Ámbito José Luis Noya, vocero de la Cumei. “No reconoce la figura del operador que decide no actuar bajo relación de dependencia. Tampoco contempla las franquicias, las agencias, ni la utilización de marcas, aspectos que son eje central de nuestra modalidad de desarrollar el negocio como lo venimos haciendo desde hace más 10 años”, agregó el vocero empresarial.
“En nuestro sector hay unipersonales, empleados y algunas varias franquicias, pero con independencia. Aquí solo incluye a gente con dependencia, al mencionarse en la redacción la palabra ‘personal'”, consideró, y añadió que, además, “se ponen barreras de ingreso a quien quiere ingresar al rubro, y eso hace también que las franquicias no puedan crecer”.
“Volvemos a reclamar que se interrumpa el análisis parlamentario de una iniciativa que sólo traerá perjuicios y se instale una mesa de diálogo de la que participen todos los actores del sector sin exclusiones. Se debe regular el mercado pero no favorecer a un sector”, concluyó Noya, al respecto.