El precandidato presidencial por el Partido Independiente (PI) y exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, cuestionó el reclamo del PIT-CNT ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los cambios en el régimen de licencias médicas.
“Ir a quejarse a la OIT es un paso muy fuerte y no está en línea con la realidad”, cuestionó Mieres en diálogo con Telemundo, al considerar que “no hay una afectación que amerite una queja” con los cambios en el sistema, que establece que los funcionarios públicos tengan derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente.
“Puedo entender que el PIT-CNT no esté de acuerdo”, sostuvo el precandidato por el PI, pero defendió el nuevo régimen al considerarlo “razonable y justo”, para luego sentenciar que “en ningún caso viola derechos de los trabajadores”.
“Lo que hicimos fue modificar un régimen de certificaciones médicas que para el sector público era muy diferente del sector privado, que incluso no incentivaba evitar un abuso porque no había ningún costo”, argumentó el exjerarca.
Y comparó: “En el sector privado, si una persona se certifica los tres primeros días no cobra y los siguientes cobra el 70%. En el sector público, no había ningún tipo de afectación”.
“Ahora la lógica es que los trabajadores públicos mantienen un régimen un poco mejor que los privados, porque van a tener un banco de nueve días por año donde si esos tres días ocurren los pueden cobrar igual, y después cobran el 75% del sueldo”, concluyó Mieres.
El reclamo del PIT-CNT ante la OIT
Los representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) que fueron parte de la delegación del PIT-CNT ante la OIT denunciaron el nuevo régimen por considerar que viola 6 convenios del organismo.
De este modo, la entidad internacional puede interceder en el conflicto para tratar de lograr una mediación entre el Estado y los trabajadores. De lo contrario, se formalizará el estudio de la denuncia por medio de un comité creado exclusivamente para tratar el reclamo, en cuyo caso podría llegar a aplicarse una sanción contra el Estado.
