El plebiscito de Cabildo Abierto “contra la usura y por una deuda justa”, que busca llevar una solución al problema de sobreendeudamiento de la mitad de la población de Uruguay a través de un reforma constitucional, podría no poder llevarse a cabo: no por el hecho de que no se llegue a la cantidad de firmas necesarias, sino por un artículo de la papeleta que pone en duda su realización.
Falta una semana para que se venza el plazo legal para presentar las 270.000 firmas —el 10% del padrón— ante la Corte Electoral, de modo que la consulta popular quede habilitada para llevarse a cabo junto con las elecciones nacionales de octubre. Sin embargo, el panorama para Cabildo Abierto no parece ser muy esperanzador: en las primeras dos semanas de abril lograron 30.000 adhesiones nuevas, pero todavía les quedaban, al menos, otras 70.000 por conseguir.
Ante el complejo escenario de poder cumplir con los requisitos para el plebiscito este año, desde el partido liderado por Guido Manini Ríos ya comenzaron a pensar alternativas que permitan no dejar pasar la “oportunidad de oro” de poner límites a los sistemas financieros: en caso de no llegar al 27 de abril, seguirán juntando firmas y las presentarán más tarde, para poner la propuesta en consideración de la población en la próxima elección, cuando se elijan intendentes y cargos departamentales.
De hecho, el artículo 331 de la Constitución lo avala en su inciso C, al dejar en claro que el plebiscito se celebrará en las elecciones “más próximas” una vez que se cumpla con la cantidad de adhesiones mínimas exigidas y sea ratificado por la Corte Electoral.
¿Corre peligro el plebiscito?
A pesar de esta “segunda oportunidad” que podría tener la iniciativa cabildante, la misma redacción de la propuesta a ser sometida a consulta popular es una traba que, quizás, sea insuperable y pone en riesgo la totalidad del plebiscito.
Esto es porque el tercer artículo de la papeleta “Contra la usura y por la deuda justa” establece que la reforma constitucional “entrará en vigencia el 1° de marzo de 2025”. La fecha había sido fijada en función de lograr las 270.000 firmas para fines de abril y así, poder realizar la consulta en octubre. Sin embargo, el cambio en el cronograma quizás no sea la ventana que se abre luego de que se cierra la puerta.
El problema está en que, en caso de continuar la campaña de junta de firmas para la próxima elección, el plebiscito se realizará en mayo de 2025, junto con las elecciones departamentales y municipales. Es decir, se votaría por una reforma constitucional que, según lo establecido, debería entrar en vigencia en marzo, dos meses antes de los comicios.
Según expresó el diputado Eduardo Lust, exintegrante de Cabildo Abierto y abogado constitucionalista, a Radio Sarandí, “no se puede usar esa papeleta para mayo del 2025”, por lo que, en todo caso, la junta de adhesiones debería volver a foja cero.
En esto coincidió también Martín Risso, otro abogado constitucionalista, para quien la referencia a fechas concretas impediría realizar el plebiscito en mayo. “Por el texto que firma la gente, no se podría plebiscitar si no llegan a las firmas ahora”, remarcó
El mejor escenario posible es que Cabildo Abierto continúe la colecta de firmas y logre las adhesiones restantes lo antes posible, pensando en un escenario de ballotage que convierta esta instancia electoral en las elecciones “más próximas”, evitando así las vicisitudes legales y técnicas de haber fijado una fecha en su papeleta. En el caso contrario, será la Corte Electoral la que deba analizar el caso y definir el futuro del plebiscito cabildante.
